La Tecla Patagonia 11-09-2026 El diputado nacional de Chubut, Juan Pablo Luque, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para conocer en detalle el mecanismo dispuesto por el ENREGE para trasladar a los usuarios el repago de créditos tomados por Camuzzi Gas del Sur para financiar obras del gasoducto Cordillerano-Patagónico, con un 35 por ciento de aumento del cargo fijo.

La Resolución ENREGE N.º 575/2026, publicada el 8 de septiembre, abrió una consulta pública para determinar un cargo específico destinado a cancelar esos créditos. El mecanismo alcanzaría a 126.711 usuarios de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

La medida afectaría a más de 32 mil usuarios chubutenses de la cordillera, pre codillera y comarca andina: Esquel (14.176 usuarios), Trevelin (3.946), Lago Puelo (3.816), El Hoyo (1.450), El Maitén (1.860), Cholila (1.013), Epuyén (772), Tecka (606), Corcovado (729), Gobernador Costa (1.106), José de San Martín (776), Río Mayo (1.270), Alto Río Senguer (659), Río Pico (482).

Ahora, en su presentación en la Cámara de Diputados, Luque sostuvo que “No podemos aceptar que una vez más sean los usuarios más vulnerables los que terminen pagando los costos de decisiones financieras que no tomaron. Estamos hablando de un servicio esencial para miles de familias patagónicas, en una región donde el gas no es un lujo ni un consumo optativo: es una necesidad básica”.

Según publica Red43, el pedido de informes pone el foco especialmente en la estructura financiera de la operación. Según surge de la documentación del propio ENREGE, el capital desembolsado fue de $25.800 millones, pero la capitalización de intereses e IVA durante el período de gracia llevó el monto a $35.111 millones antes de comenzar la amortización, es decir, un sobrecosto de $9.311 millones. A esto se agregarán los intereses durante las 48 cuotas de amortización, además de gastos, comisiones e impuestos.

El cargo específico propuesto equivaldría al 35 por ciento del cargo fijo de cada categoría tarifaria.
“Quiero saber quién decidió este esquema, por qué se eligió una tasa variable, qué alternativas se evaluaron y cuánto terminarán pagando realmente las familias chubutenses. Si el Estado puso los equipos y durante años se demoraron las obras, no podemos mirar para otro lado cuando ahora se pretende trasladar el costo financiero a los usuarios”, cuestionó el diputado.

El proyecto también reclama precisiones sobre el impacto diferencial del cargo en localidades de la meseta central chubutense, como Gobernador Costa, José de San Martín, Río Mayo, Río Pico, Tecka y Alto Río Senguer, donde los indicadores socioeconómicos son inferiores a los de otras localidades alcanzadas. El mecanismo propuesto aplica el cargo de manera uniforme, sin contemplar mecanismos específicos de atenuación para los usuarios más vulnerables.

Finalmente, Luque cuestionó el plazo de 15 días hábiles establecido para la consulta pública, considerando la complejidad técnica y financiera de la medida, la cantidad de usuarios afectados y las dificultades de conectividad que existen en distintas localidades de la meseta y la cordillera chubutense.

“Antes de cargar otro costo sobre las familias patagónicas, necesitamos transparencia, información y respuestas. El gas es un servicio esencial y los usuarios no pueden ser la variable de ajuste de una ingeniería financiera que todavía no está suficientemente explicada”, concluyó.