Jujuy al momento 28-09-2026 El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) volvió a encontrar un obstáculo en la Justicia. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó los recursos extraordinarios presentados por la empresa contra la cautelar que le impide reducir o alterar las obligaciones vinculadas con la prestación del servicio, las obras, la calidad del agua, la salud pública y la protección ambiental.
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La decisión adquiere especial relevancia porque se produce en momentos en que el Gobierno avanza con la transferencia de AySA al sector privado. El esquema oficial contempla la venta del 90 por ciento del paquete accionario que actualmente pertenece al Estado nacional. La licitación pública nacional e internacional fue autorizada por el Ministerio de Economía para transferir esas acciones a un operador estratégico, en este caso al grupo Román y al grupo Neuss.

La nueva resolución representa otro revés judicial para AySA. Primero, el juzgado de primera instancia hizo lugar a la cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo bonaerense. Luego, la Cámara rechazó la apelación de la compañía y confirmó la medida. Ahora, el mismo tribunal le cerró la vía extraordinaria intentada para revertir aquella decisión.
Una privatización bajo la lupa

El conflicto no gira simplemente alrededor de quién será el futuro propietario de AySA. La discusión judicial apunta a las condiciones bajo las cuales se pretende concretar la privatización y, particularmente, a las obligaciones que conservará quien tome el control de la compañía.

La cautelar obliga a preservar las condiciones esenciales de prestación mientras se analiza el fondo de la cuestión. La Justicia ya había ordenado que AySA se abstuviera de modificar, limitar, reducir, diferir, suspender o desnaturalizar obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente.

El punto es particularmente sensible por las obras pendientes y los estándares de calidad que deberá cumplir el futuro operador privado. El planteo de la Defensoría bonaerense sostiene que el nuevo esquema podría derivar en postergación de obras, reducción de inversiones o flexibilización de controles, con eventuales consecuencias ambientales y sanitarias. La Cámara, al confirmar la cautelar el 8 de septiembre, consideró necesario mantener la protección preventiva frente a esos riesgos.

El Gobierno, en cambio, sostiene que la privatización permitirá incorporar un operador con capacidad técnica y financiera para ampliar la red y mejorar el servicio. El procedimiento oficial prevé desprenderse del 90 por ciento que conserva el Estado, mientras el 10 por ciento restante pertenece a trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.