Página 12 01-10-2026 Luego de la intervención del Ministerio Público Fiscal, la Justicia Federal ordenó al municipio de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, restringir las actividades en un centro de acopio de residuos ante la presunta contaminación del río Fitz Roy, ubicado a pocos metros del predio.
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La Justicia Federal de Río Grande hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el fiscal de la jurisdicción, luego de que durante una inspección se detectaran sustancias contaminantes en el predio del Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI), situado a escasa distancia del curso de agua.

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La disposición no implica la paralización integral del establecimiento, aunque establece que durante 90 días no podrá realizar actividades que excedan el acopio, la selección, la compactación y la transferencia de residuos inorgánicos recuperables, limpios y secos.
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En ese contexto, el concejal opositor al gobierno municipal Ignacio Moreno Hueyo denunció que, en la víspera de la presencia del gobernador Claudio Vidal en la localidad, en 2025, empleados municipales habrían soterrado residuos en el predio. Según la denuncia, el espacio no está habilitado para la disposición final de residuos, sino únicamente para su tratamiento y almacenamiento temporal.

La medida judicial también prohíbe el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales para su disposición o permanencia sobre suelo natural.
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Santa Cruz, centro de acopio de residuos en El Chaltén
El mapa con la zona en observación
Allanamiento

El 26 de mayo pasado, durante un allanamiento solicitado por la Unidad Fiscal, personal de la Prefectura Naval Argentina inspeccionó el predio del CARRI y tomó muestras del suelo. En el lugar fueron encontrados recipientes volcados que contenían aceite o una sustancia de componente graso.

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El peritaje posterior detectó la presencia de grasas y aceites tanto en muestras sólidas como líquidas, además de hidrocarburos en las muestras sólidas. De acuerdo con la investigación, los recipientes se encontraban sobre suelo natural, sin una superficie impermeabilizada, por lo que su contenido podía filtrarse y posteriormente llegar al río, con el consiguiente riesgo de afectar el curso de agua.

La resolución de la jueza Mariel Borruto se enmarca en una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal interino Julio Zárate, por la presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos en el funcionamiento del CARRI, ubicado en la costanera norte de la localidad santacruceña.

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Santa Cruz, centro de acopio de residuos en El Chaltén
Personal de la Prefectura Naval Argentina inspeccionó el predio del CARRI y tomó muestras del suelo
Medidas

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, además de limitar las actividades del centro, la magistrada dispuso el cese inmediato de cualquier forma de disposición final de residuos en el lugar, ya sea mediante enterramiento, cobertura con tierra, quema, abandono, descarga, vuelco o dispersión.

También prohibió el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales de generación universal para su disposición o permanencia sobre suelo natural.

A pedido del fiscal, quedaron suspendidas las tareas de lavado de camiones, mantenimiento mecánico, cambio de aceites o combustibles y cualquier otra actividad que pueda generar la liberación de hidrocarburos, grasas o efluentes sobre superficies que no cuenten con impermeabilización ni sistemas de recolección y contención.

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En un plazo de 48 horas deberán quedar aislados físicamente y señalizados los sectores donde fueron encontrados recipientes con combustibles, aceites y sustancias grasas, así como las áreas con derrames, los puntos vinculados con las muestras y las zonas próximas a la vera del río Fitz Roy.

Borruto también prohibió remover, rellenar, excavar, trasladar o alterar el suelo y los residuos ubicados en las áreas investigadas, salvo para ejecutar las acciones urgentes de contención o retiro previstas en la propia medida.

Cualquier intervención deberá ser documentada y coordinada previamente con la Unidad Fiscal, “a fin de compatibilizar la prevención ambiental con la preservación de la prueba”, según establece la resolución.

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El 10 de septiembre, luego de realizado el peritaje, la fiscalía solicitó la medida cautelar para evitar una eventual extensión de la contaminación sin paralizar por completo el funcionamiento del centro.