El Argentino Diario 07-10-2026 Dos consorcios empresariales, ambos con fuertes anclajes en el mundo de los negocios regulados por el Estado, se disputarán este jueves el control del agua potable y el saneamiento de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución 1722/2026, que declaró formalmente admisibles sus ofertas técnicas y habilitó la apertura de las propuestas económicas para el 8 de octubre a las 10 horas, a través del portal CONTRAT.AR. El ganador se quedará con el 90 por ciento de las acciones de AySA que hoy pertenecen al Estado Nacional.

Los dos consorcios que llegaron a esta instancia son, por un lado, la alianza Rowing-Arcos-Transclor-PHX, en la que el nombre más influyente es el de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, la única proveedora de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009 y socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, la distribuidora eléctrica cuya principal cliente es la propia AySA. Por el otro, el Grupo Roggio, el conglomerado cordobés con presencia en construcción, residuos, transporte y distribución de agua, que participa a través del vehículo Roggio ROAS S.A.U., junto a Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
De 17 interesados a dos oferentes

El dato que el Gobierno prefiere no destacar es que del universo inicial de 17 empresas que en algún momento expresaron interés en la licitación de AySA, apenas dos llegaron a presentar ofertas técnicas cuando se abrieron los sobres el pasado 15 de septiembre. La Comisión de Evaluación analizó esa documentación y, al no haberse presentado impugnaciones al dictamen de preselección, ratificó la admisibilidad de ambas propuestas. La modalidad es de etapa múltiple y sin base, lo que significa que el Estado no fijó un precio mínimo de venta para sus acciones: el ganador será el que ofrezca más, sin piso garantizado.

El proceso licitatorio se encuadra en la Ley Bases (Ley 27.742), que incluyó a AySA en el listado de empresas públicas declaradas sujetas a privatización, en articulación con la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025. La empresa que resulte adjudicataria deberá comprometerse a invertir más de 2.000 millones de dólares en los primeros cinco años de operación, según los pliegos de la licitación.
El mapa de intereses detrás de los consorcios

La composición del primer consorcio merece una lectura detenida. Rowing S.A. es una empresa argentina de ingeniería e infraestructura vinculada a Walter Román. Transclor, la firma de Filiberti, es proveedora exclusiva de uno de los insumos más críticos del proceso de potabilización, lo que ubica a su dueño en una posición singular: si su consorcio gana, pasará a ser simultáneamente el operador del servicio y el proveedor del insumo clave para su funcionamiento. La participación de Arcos Saneamento e Participações, la empresa brasileña que opera el sistema de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro, aporta el componente de experiencia internacional en operaciones de escala similar. El cuarto socio, PHX Aqua AR BV, es un fondo de inversión con sede en los Países Bajos.

El Grupo Roggio, por su parte, ya tiene experiencia en la distribución de agua y saneamiento en Argentina, además de su extensa trayectoria en concesiones de servicios públicos en el país. Su participación en esta licitación, a través de un vehículo específicamente creado para la compulsa (Roggio ROAS S.A.U.), es consistente con la estrategia del grupo de ampliar su posición en negocios regulados.
El agua pública que Kirchner recuperó y Milei entrega

AySA fue creada en 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner precisamente como respuesta al fracaso del modelo privado anterior. La empresa Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez, había obtenido en los años noventa la concesión del servicio pero incumplió los compromisos de inversión y expansión de la red, lo que derivó en la rescisión del contrato y la estatización del servicio. Lo que el kirchnerismo construyó durante veinte años como empresa pública, el gobierno de Javier Milei lo entrega ahora al sector privado, sin precio mínimo y por una concesión de 30 años, prorrogable.

El proceso de privatización de AySA es, hasta el momento, la operación más grande del plan privatizador del Gobierno libertario, por encima de la venta de IMPSA en febrero de 2025 y la transferencia del 100 por ciento de CITELEC, controlante de Transener, al consorcio de Genneia y Edison Transmisión por 356 millones de dólares. La expectativa oficial es recaudar alrededor de 450 millones de dólares por el 90 por ciento del paquete accionario, aunque ese número no tiene respaldo en una valuación pública verificable.
Lo que tenés que saber:

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 1722/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la admisibilidad de las ofertas técnicas de dos consorcios para quedarse con el 90 por ciento de AySA.
La apertura de las ofertas económicas será el jueves 8 de octubre a las 10 horas, de forma remota a través del portal CONTRAT.AR, sin precio mínimo de venta fijado por el Estado.
Los dos competidores son el consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX (donde el nombre clave es Mauricio Filiberti, proveedor exclusivo del insumo de potabilización de AySA desde 2009) y el Grupo Roggio, con su vehículo Roggio ROAS S.A.U.
De las 17 empresas que expresaron interés inicial en la licitación, solo dos llegaron a presentar ofertas técnicas.
AySA abastece de agua potable y servicio cloacal a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano; fue creada en 2006 tras la rescisión del contrato con la privada Aguas Argentinas por incumplimiento de inversiones.

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