Diario Andino 09-10-2026 Una denuncia ambiental colectiva presentada este jueves ante el Defensor del Pueblo de Villa La Angostura, Sebastián Baltanas, advierte sobre presuntos vuelcos de lixiviados provenientes del Centro Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y plantea además un posible riesgo de incendio asociado a las condiciones de las celdas de disposición final.

La presentación, fechada el 8 de octubre de 2026, solicita la adopción de medidas de carácter urgente y plantea la necesidad de realizar inspecciones, análisis de agua y sedimentos y controles sobre las condiciones térmicas de las celdas.

Los denunciantes sostienen que existiría un “grave y continuado vuelco de efluentes sin tratar al entorno natural” y cuestionan tanto la falta de remediación como las medidas de prevención de la contaminación del suelo y del agua.

La denuncia apunta a los lixiviados

Uno de los principales puntos de la presentación está relacionado con los líquidos lixiviados generados en las celdas de disposición final.

Según los denunciantes, esos líquidos se filtrarían y derramarían desde las celdas y llegarían al arroyo Calfuco, que posteriormente desemboca en el lago Nahuel Huapi.

La presentación sostiene que los lixiviados poseen una elevada carga contaminante y advierte sobre un eventual impacto sobre el ecosistema acuático y la biodiversidad.

Los autores de la denuncia describen además una situación que, según afirman, se produciría durante los períodos de lluvia: el ingreso de agua desde sectores ubicados a mayor altura provocaría el llenado de las piletas y el posterior desborde de líquidos.

“Llueve, la pileta rebalsa y desagota el volumen superior donde flota sustancias aceitosas combinadas con lixiviados”, señala la presentación.

Respecto de las celdas, sostienen que el agua de lluvia y el escurrimiento superficial ingresarían en los residuos acumulados y posteriormente se desplazarían hacia sectores inferiores.

Los denunciantes aseguran que esta situación puede observarse “a simple vista”, aunque la existencia, composición y eventual impacto de los líquidos denunciados deberá ser determinada mediante inspecciones y análisis técnicos.
También plantean riesgo de incendio

La segunda cuestión central de la presentación está vinculada con el riesgo de incendio en las celdas de disposición final.

Los denunciantes sostienen que el material acumulado y las características del entorno generan condiciones que podrían favorecer procesos de calentamiento e ignición.

En ese sentido, advierten sobre antecedentes de incendios y cuestionan la disposición de distintos tipos de residuos, entre ellos automotores, electrodomésticos y restos forestales.

La denuncia afirma que se habrían producido episodios de encendido de residuos acumulados y sostiene que las condiciones actuales requieren controles preventivos.

Además, hace referencia a trabajos realizados años atrás para reducir el riesgo de incendios y controlar gases en una de las celdas. Según la presentación, se realizaron 25 perforaciones de remediación en la denominada Celda Vieja.

Los denunciantes sostienen que esas intervenciones, junto con el ingreso de agua de lluvia y el utilizado por Bomberos Voluntarios para controlar focos de incendio, habrían incrementado la generación de lixiviados.

Un antecedente de proyecto para tratar los líquidos

La presentación también incorpora antecedentes de distintas iniciativas vinculadas con la gestión de residuos y el tratamiento de lixiviados.

Entre ellos menciona un proyecto desarrollado en 2018 por el ingeniero Hugo Daniel Castrogiovanni, contratado por la Municipalidad para elaborar una propuesta destinada a controlar y tratar los líquidos generados en el Centro Ambiental.

Según la denuncia, aquel proyecto contemplaba la instalación de sistemas de bombeo, tratamiento, cañerías, tableros eléctricos y equipamiento de medición.

Los denunciantes sostienen que la propuesta finalmente no fue implementada debido a su costo y consignan que, en septiembre de 2018, el presupuesto estimado para el sistema ascendía a US$ 1.061.989.

A partir de ese antecedente, la presentación plantea como alternativa la clausura definitiva de las celdas de disposición final.
Piden inspecciones y toma de muestras

En el tramo final de la denuncia se solicita al Defensor del Pueblo que impulse una serie de medidas para determinar la existencia y magnitud del daño ambiental denunciado.

Entre ellas se encuentra una inspección ocular urgente en las celdas y en las piletas de lixiviados, con el objetivo de verificar posibles roturas, filtraciones o desbordes.

También se solicita la toma de muestras de agua y sedimentos del arroyo Calfuco, tanto en sectores próximos al Centro Ambiental como en su tramo medio.

La presentación pide además realizar análisis en la desembocadura y las costas del lago Nahuel Huapi que pudieran estar vinculadas con el curso de agua mencionado.

Por otra parte, solicita un relevamiento térmico de las celdas y el control de las variables relacionadas con eventuales procesos de calentamiento e ignición.
“Todo lo que se menciona está pasando ahora”

En sus conclusiones, los denunciantes sostienen que existiría actualmente contaminación del suelo y del arroyo y que las condiciones de las celdas representarían un riesgo ambiental.

La presentación afirma que se estaría produciendo el calentamiento de residuos acumulados y que continuarían ingresando nuevos materiales a sectores de disposición.

En ese contexto, los denunciantes enfatizan: “Todo lo que se menciona está pasando ahora. La respuesta ambiental es inminente”.

Finalmente, solicitan que se ordene una fiscalización e inspección de urgencia, que se adopten medidas para detener y contener los presuntos vuelcos de lixiviados y que se determinen eventuales responsabilidades y acciones de remediación.

Las afirmaciones contenidas en la presentación constituyen una denuncia que deberá ser verificada mediante inspecciones, pericias y análisis ambientales por las autoridades competentes.