Clarín 09-02-2026 La información difundida sobre la aprobación de proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permite extraer una primera conclusión relevante: cuando existen reglas claras, estabilidad normativa y procedimientos previsibles, la inversión aparece.

Los proyectos aprobados se encuentran concentrados principalmente en minería, Oil & Gas y energía. Estas inversiones no son fruto del azar ni de una coyuntura favorable aislada. Son el resultado de un marco legal que intenta, por primera vez en muchos años, ofrecer a los inversores certeza jurídica a largo plazo. Una condición elemental para las inversiones de largo plazo, pero muy infrecuente en la Argentina:

El RIGI, creado por la Ley 27.742, justamente se apoya en esta premisa simple y potente, la cual se sustenta en que las inversiones de gran escala no se deciden por estímulos transitorios, sino por la confianza en que las reglas que justificaron el desembolso inicial no serán alteradas arbitrariamente en el camino. La estabilidad normativa prevista por el régimen, que llega de hasta treinta años, apunta precisamente a cubrir ese déficit estructural.

Desde el punto de vista legal, el régimen muestra hasta ahora una implementación ordenada. Los proyectos son evaluados, aprobados mediante actos administrativos formales y sometidos a mecanismos de control. Esa combinación de previsibilidad y fiscalización es clave para la credibilidad del sistema.

Ahora bien, si bien el RIGI está demostrando un funcionamiento razonable en sectores como minería, Oil & Gas y energía, la verdadera oportunidad estratégica del régimen podría estar en otro lado: la infraestructura vial y ferroviaria.

La Argentina arrastra desde hace décadas un déficit severo en su red logística y de transporte. Rutas deterioradas, trazas ferroviarias subutilizadas o abandonadas y cuellos de botella estructurales encarecen la producción, limitan la competitividad y profundizan las asimetrías regionales. La valorización de esa infraestructura no es un lujo ni una política sectorial: es una condición básica para el desarrollo económico federal.

En ese contexto, el RIGI podría convertirse en una herramienta decisiva para canalizar inversiones de gran escala hacia obras viales y ferroviarias, con un impacto que excede largamente el plano económico. A diferencia de los proyectos extractivos, que son intensivos en capital pero relativamente acotados en empleo directo, las inversiones en infraestructura logística tienen un efecto multiplicador inmediato sobre el empleo, distribuido en múltiples provincias y a lo largo de toda la cadena de valor. Basta leer la historia argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX para confirmar lo que aquí expongo.

Cada kilómetro de ruta o de vía férrea rehabilitada genera trabajo directo, dinamiza economías regionales, mejora la conectividad y reduce costos estructurales para el conjunto del sistema productivo. Desde una perspectiva de política pública, pocas inversiones combinan de manera tan clara impacto económico, cohesión territorial y generación de empleo.

El desafío, nuevamente, no es normativo sino institucional. El marco legal existe. El régimen está en marcha. La pregunta es si el Estado será capaz de sostenerlo en el tiempo, ampliarlo inteligentemente a sectores críticos como la infraestructura logística y evitar que vuelva a diluirse en la lógica pendular que tantas veces frustró procesos de inversión en la Argentina.

El RIGI no es una solución mágica. Pero es una oportunidad concreta. Aprovecharla o desperdiciarla, dependerá tanto de la ley como de la capacidad del país de honrar sus propias reglas. Condición indispensable - junto a sostener políticas claras de desregulación de la economía - para otorgar la seguridad jurídica que las condiciones de inversión a gran escala tanto necesitan y que se vienen demorando por haber sido objeto de administraciones que han cambiado las reglas de juego de modo constante, a la vez de haber sostenido durante décadas un sistema intervencionista de la economía.