ADN Sur 09-02-2026 La política energética argentina experimenta desde enero un cambio estructural. Bajo el nombre de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el gobierno eliminó el esquema de segmentación en tres niveles (N1, N2 y N3) y unificó los criterios de asistencia estatal. Lo hizo con un doble objetivo: reducir el gasto público —los subsidios pasaron de representar 1,5 por ciento del PBI en 2023 a 0,65 por ciento en 2024 y el objetivo es bajarlos a 0,5 por ciento este año— y concentrar la ayuda en quienes atraviesan una real vulnerabilidad económica. Pero el rediseño genera múltiples efectos, tensiones e interrogantes.

Desde este año, solo se contemplará una única categoría de usuarios residenciales: aquellos que “requieran asistencia del Estado para acceder al consumo indispensable de energía”. La inscripción está atada a un nuevo límite de ingresos, equivalente a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo, lo que actualmente representa $3.926.139. Además, se aplican criterios de exclusión patrimonial: quedan fuera quienes posean vehículos nuevos, tres o más propiedades, embarcaciones, aeronaves o participación societaria.
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Quienes ya estaban registrados en el sistema RASE conservarán el beneficio sin reinscribirse. Pero los usuarios del Programa Hogar, del gas envasado o del propano por redes sí deben anotarse nuevamente en el portal oficial (https://subsidios-energia.argentina.gob.ar).
Subsidios energéticos: cómo cambia el mapa social y fiscal de la Argentina
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El nuevo esquema fija un bloque subsidiado de 300 kWh mensuales solo para los meses de mayor consumo (enero, febrero, mayo a agosto y diciembre). En el resto del año, el límite desciende a 150 kWh. Los excedentes se abonan a tarifa plena.
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La cobertura estatal, que comenzó con una bonificación del 75 por ciento en enero, irá decreciendo mes a mes hasta llegar al 50 por ciento en diciembre, cuando quede solo la bonificación base. Esta curva descendente coincide con la actualización del Precio Estacional de la Energía y la indexación tarifaria por inflación y revisión quinquenal.

Aunque parezca contradictorio, el beneficio relativo crece para los sectores medios (antes N3), que en diciembre tenían 50 por ciento de bonificación y ahora empezaron el año con 75 por ciento. En cambio, los sectores más vulnerables (ex N2) pierden volumen subsidiado y enfrentan mayores costos netos, lo que erosiona su poder adquisitivo.

Para el gas, la bonificación base del 50 por ciento se aplicará solo entre abril y septiembre. Hasta entonces, se otorga una bonificación transitoria que bajará cada mes: fue del 25 por ciento en enero y caerá al 18,18 por ciento en abril.
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Foto: archivo ADNSUR

En el primer trimestre del año, mientras el subsidio baja, el precio mayorista del gas subió: solo en febrero se incrementó un 25 por ciento. Además, se aplica la cuota de revisión tarifaria (RQT) y la fórmula de indexación mensual por inflación, lo que afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, cuya bonificación era del 65 por ciento hasta diciembre.

La lógica oficial es que la mayor parte del consumo de gas ocurre en invierno, por lo que la ayuda se concentrará allí. También se buscó compensar la imposibilidad de modificar el Régimen de Zona Fría, que todavía beneficia a casi la mitad del país y requiere tratamiento parlamentario para cambiarse.
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¿Qué pasa con quienes usaban garrafas?

El sistema de subsidios al GLP en garrafas fue completamente desregulado. Los 3,5 millones de beneficiarios del Programa Hogar deberán migrar al SEF. Pero aún no está claro cómo ni con qué criterios se calculará la nueva ayuda, ya que no existen precios de referencia oficiales tras la liberalización de ese mercado.

Se estima que recibirán un monto equivalente al costo de una garrafa en invierno y media garrafa en el resto del año, mediante billeteras virtuales, pero el esquema todavía no fue implementado. El decreto 943/2025 le otorga a la Secretaría de Energía y a la ANSES un plazo de seis meses para definirlo.
¿Quiénes pierden el subsidio?

La reducción del umbral de ingresos y los criterios patrimoniales harán que miles de hogares sean dados de baja del padrón. Según el gobierno, la medida impactará en solo el 4 por ciento de los usuarios, lo que equivale a unos 145.000 hogares. Sin embargo, los cruces de datos fiscales y registrales aún están en curso.
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También se verán afectados los hogares N1, que ya no recibirán ningún tipo de subsidio. El Observatorio de Tarifas del IIEP-UBA-CONICET había detectado que aún percibían parte del beneficio en electricidad y gas. Desde febrero pagan el 100 por ciento del costo mayorista, además de afrontar el ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD) y los mecanismos de indexación mensual.

Detrás del rediseño técnico, el recorte en los subsidios energéticos representa una decisión política con alto impacto social. La administración Milei busca enviar una señal fiscal clara al mercado y al FMI, pero lo hace asumiendo el costo social de trasladar al bolsillo de los hogares aumentos significativos, en un contexto de caída del poder adquisitivo.

Desde el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología que dirige Federico Bernal, exinterventor del Enargas, advirtieron que “el nuevo esquema implica una licuación real del subsidio para los sectores más vulnerables” y alertaron por “el incremento exponencial de la desigualdad territorial, ya que el gas por redes, que sigue subsidiado parcialmente, no llega al 35 por ciento del país”.
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Del lado oficial, en cambio, el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo sostuvo que “la reestructuración es necesaria para recuperar el equilibrio fiscal y dejar de subsidiar el derroche energético de sectores con capacidad de pago”.
Menos subsidios, más inflación

En términos fiscales, el recorte de subsidios es uno de los pilares del ajuste. Para 2026, el gasto en subsidios energéticos debería representar solo el 0,5 por ciento del PBI, una baja sustancial respecto de los picos de 2021 y 2022. Pero el costo de esa reducción se traslada directamente a las tarifas y, por ende, al nivel general de precios.

Con una inflación acumulada del 50,5 por ciento en el primer bimestre del año (según consultoras privadas) y tarifas en ascenso, el recorte de subsidios funciona como un motor adicional de presión inflacionaria en los próximos meses, sobre todo en invierno, cuando se eleven los consumos.
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En ese sentido, el nuevo esquema puede ser eficaz como herramienta fiscal, pero plantea desafíos redistributivos profundos. Queda por verse si el Estado podrá sostener una política de ayuda más precisa y eficiente, o si la reducción del subsidio generalizado generará nuevos focos de conflictividad.