OPI Santa Cruz 16-03-2026 La modificación obligada del mapa energético nacional ya es un hecho con impacto directo en los costos. La Secretaría de Energía de la Nación instruyó al ENARGAS para ejecutar una reasignación de las capacidades del sistema de transporte de gas natural en todo el país. Pese a que el discurso oficial habla de adecuar la infraestructura a la nueva matriz de abastecimiento, la medida esconde un reconocimiento tácito del agotamiento operativo en el sur y prepara el terreno para una revisión inminente de las tarifas que pagarán los usuarios.

El esquema vigente fue estructurado en épocas donde la Cuenca Austral y la Cuenca Norte dominaban la oferta. Sin embargo, la sostenida declinación productiva de estas áreas dejó a las distribuidoras atadas a rutas de transporte y contratos por volúmenes de gas que físicamente ya no existen. Hoy toda la presión del sistema recae sobre la Cuenca Neuquina, traccionada casi en exclusividad por el bloque Vaca Muerta.
El peso de los contratos obsoletos y el rediseño técnico

La decisión gubernamental quedó plasmada este viernes en la Resolución 66/2026, una normativa que expone las distorsiones de un sistema que encarecía artificialmente el abastecimiento operando rutas técnicamente inservibles. El nuevo esquema obliga a que cada distribuidora enlace sus rutas únicamente con cuencas que posean gas real y disponible, garantizando que primero se cubra la demanda prioritaria.
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Para materializar este recorte de ineficiencias, empresas estatales como ENARSA y la administradora CAMMESA deberán suspender sus contratos de transporte firme anclados al diseño anterior. El objetivo técnico central apunta a liberar y optimizar la capacidad real, con un foco específico puesto en el uso del Gasoducto Perito Moreno.

Aunque el Gobierno asegura que esta maniobra derivará en un sistema transparente y brindará una solución estructural definitiva al transporte energético en la Argentina, la reorganización no es un simple trámite burocrático. El ente regulador deberá convocar próximamente a una consulta pública, un paso legal obligatorio que terminará de definir los nuevos cuadros tarifarios resultantes de este rediseño operativo. (Agencia OPI Santa Cruz)