La Arena 16-03-2026 A una semana del cierre de inscripciones ya se anotaron 48 mil personas, entre ellas 283 pampeanos. “Si el que se quemó con leche llora, quien perdió el Atuel observa que los glaciares quedarán a disposición de Mendoza y se espanta”, advierte la Fuchad.



FLAVIO FRANGOLINI



“Los ciudadanos debemos involucrarnos en toda cuestión política: si controláramos permanentemente lo que hacen los gobiernos, nuestros funcionarios deberían ponerse a trabajar para la gente”, reflexiona Henry Marsero. Nacido en Santa Rosa hace 58 años y dedicado a la industria metalúrgica, es uno de los 283 pampeanos inscriptos para participar en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados de la Nación para la reforma de la Ley de Glaciares.



Las audiencias están previstas para los días 25 y 26 de marzo, aunque varios diputados pidieron extender la duración del debate y la cifra de expositores, ante la enorme cantidad de interesados. Tras la última actualización, el Registro de Solicitudes superaba las 48 mil personas, récord absoluto e inaudito para este tipo de convocatorias. Y todavía resta una semana para el cierre de inscripciones.



En el listado figuran Alberto Golberg, presidente de la Fundación Chadileuvú; el ex diputado provincial Juan Pablo Morisoli; la investigadora Carolina Aumassane, del INTA 25 de Mayo; la periodista Cintia Alcaraz; el secretario de Veteranos de Malvinas, Jorge Gaitán, el militante piquense Manuel Lazarte, y la trabajadora social Sofía Gatica.



Agua dulce en riesgo.



“Los pampeanos sabemos qué significa perder un río y hemos sufrido derrames hidrocarburíferos que entrañan riesgo ambiental. Esta reforma pretende otorgar mayores ventajas para la explotación hidrocarburífera, el fracking y la minería, actividades que provocan desertificación y contaminación”, agrega Marsero. “Los glaciares deben ser protegidos porque el agua dulce es un bien escaso y las explotaciones en sus cercanías solo producirán contaminación de nuestras reservas”, concluye.



De estos 283 pampeanos, la mayoría son mujeres, entre ellas Carolina Aumassane, una investigadora que hace pocos días maravilló con su relato técnico excepcional en la UNLPam. Intentamos contactarla para este artículo, sin éxito. Otra inscripta es la trabajadora social santarroseña Lucía Gatica: “me inscribí para validar mi derecho al agua porque esta ley sería un gran retroceso en materia de protección ambiental, para los seres humanos y para los ecosistemas”, dijo.



Lucía también denuncia que “dejar la suerte de los glaciares librada a voluntad de cada provincia es muy peligroso, atenta contra el Acuerdo de Escazú y viola la Ley Yolanda. Nuestros glaciares propician una enorme reserva de agua dulce y la megaminería, además de provocar fuerte impacto ambiental, afectaría la salud de las personas”, aclaró.



“Plan sistemático”.



Las audiencias públicas fueron abiertas por la Cámara Baja luego de que la modificación de la Ley N° 26.639 (Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial) consiguiera media sanción en Senadores. Aquella norma, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para glaciares y su ambiente periglacial, y prohíbe actividades que afecten sus ecosistemas.



Los 40 senadores que apoyaron la reforma argumentaron una “mayor protección de las geoformas del área periglaciar” y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Sin embargo, las organizaciones ambientales advierten sobre las graves consecuencias que provocaría, empezando por la afectación de las cuencas hídricas.



“El agua vale más que el oro”, advierte “Manu” Lazarte, incansable militante social de General Pico y actual director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. Tiene 54 años y se anotó para “apoyar a los pobladores cordilleranos de Mendoza, San Juan, Neuquén, Catamarca, La Rioja, quienes hace mucho tiempo vienen luchando por nuestras reservas de agua”.



Manu aclara que esta reforma forma parte de un “plan sistemático de este gobierno nacional para extranjerizar territorios y regalar recursos naturales. A partir de la Ley Bases, el RIGI y la Ley de Tierras armaron un andamiaje legal para vender nuestros bienes sociales al mejor postor: primero vinieron por la tierra, después por los recursos naturales y ahora es el turno del agua”. Y concluye: “los pampeanos ya sufrimos el corte del Atuel, que afectó a comunidades y ecosistemas y desertificó nuestro oeste provincial. Los legisladores deben entender que el agua no proviene de góndolas de supermercado sino de la cordillera, y tomar conciencia: su decisión afectará a todos los argentinos y argentinas”.