Cipo 360 17-03-2026 Tras una serie de auditorías técnicas sorpresivas, los equipos del área de Disciplina de Mercado de la Cooperativa CALF detectaron más de 30 propiedades ubicadas en barrios cerrados que estaban conectadas ilegalmente a la red o tenían medidores adulterados para registrar consumos mínimos.

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Las inspecciones, que se intensificaron durante la última semana, dejaron al descubierto maniobras de alta complejidad técnica en urbanizaciones exclusivas. Según indicaron desde la cooperativa, se encontraron viviendas de gran tamaño con sistemas diseñados para evitar el control del consumo eléctrico y el pago real del servicio.

Muchas de estas propiedades superan los 350 metros cuadrados y cuentan con sistemas de climatización permanente, piscinas climatizadas y equipamiento eléctrico de alto consumo. Sin embargo, parte de esa energía era tomada directamente desde la red sin pasar por el medidor.

“Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía”, señalaron fuentes de la cooperativa.

Uno de los operativos más relevantes se realizó en la urbanización “La Zagala”, ubicada al oeste de la ciudad sobre la costa del río Limay. Allí se detectó una conexión subterránea directa que evitaba la medición real del consumo eléctrico.

Ante esta situación, CALF procedió al corte inmediato del suministro, al retiro y precintado del medidor y a la inhibición de la conexión al inmueble. Además, informaron que se aplicarán las multas correspondientes, se facturará de manera retroactiva el consumo no registrado y se exigirá la adecuación completa de las instalaciones antes de restablecer el servicio.

Desde la cooperativa también indicaron que se analiza iniciar acciones penales por hurto de energía. En caso de corresponder, las denuncias serán presentadas ante el Ministerio Público Fiscal.

Desde CALF advirtieron que estas prácticas no solo generan un perjuicio económico para todos los asociados, sino que además representan un riesgo para la seguridad pública. Las conexiones clandestinas pueden provocar incendios, fallas críticas en la red de media tensión y accidentes que ponen en peligro tanto a los vecinos como a los trabajadores que operan el sistema eléctrico.

“Cuando un usuario decide no pagar su consumo, el impacto económico termina recayendo sobre el resto de los asociados y sobre la calidad del servicio”, señalaron desde la entidad.