FM 89.9 07-04-2026 El foco está puesto en las obras sin ejecución de agua potable, redes cloacales y plantas depuradoras contratadas en municipios de Orán, San Martín y Rivadavia.

Un conjunto de infraestructuras sin ejecución e inconclusas del Fondo de Reparación Histórica (FRH), en el que resaltan obras de agua potable, redes cloacales y plantas depuradoras contratadas en municipios de Orán, San Martín y Rivadavia, ocupan una investigación abierta por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos (UDEC).

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron a El Tribuno que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio requirió a la Auditoría General de la Provincia (AGP) documentación reunida por el equipo de profesionales que examinó los procesos de selección, adjudicación, contratación, ejecución, recepción y pago de las obras financiadas entre 2012 y 2019 en el marco del programa para el que se contrajo, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, un endeudamiento internacional de cerca de 200 millones de dólares.

Fuentes del organismo de control externo de la Provincia señalaron que las constancias requeridas ya fueron remitidas a la UDEC junto al informe final de auditoría.

En ese documento, de 174 carillas, un equipo de más de 15 profesionales volcó detalles y conclusiones de un trabajo de auditoría que se extendió por casi seis años desde 2020 hasta febrero último.

El pasado 18 de marzo ese informe quedó formalizado con una resolución conjunta que los auditores generales Marcos Segura Alzogaray y Gustavo Ferraris firmaron con algunas observaciones disidentes del titular de la AGP y respuestas aclaratorias del responsable del Area 4 del ente de control.

Ese informe final ya tiene estado parlamentario en la Legislatura, donde espera la correspondiente evaluación de la Comisión Bicameral que preside Patricia Hucena, diputada de Orán, y tiene como secretario a Juan Cruz Curá, senador de ese departamento norteño.

Pichanal, un emblema de la obra irregular

Por lo que pudo saberse de la investigación judicial en marcha, el requerimiento de la fiscal Salinas Odorisio habría ingresado a la AGP el pasado 19 de marzo y se enmarcaría en actuaciones iniciadas en 2020 con una presentación ante la UDEC de la entonces diputada provincial Cristina Fiore, actual ministra de Educación.

La instalación de cloacas en Pichanal estaban previstos en el Fondo de Reparación; hasta la actualidad los trabajos son provisorios.

Una de las obras puestas bajo la lupa por contrataciones, pagos y registros con anomalías investigadas sería la de la nueva planta depuradora de Pichanal. Sobre ella, el informe definitivo de la Auditoría precisa que el 1 de marzo de 2013, Cosaysa (Aguas del Norte) pagó por cuenta y orden de la Provincia $5.339.501 (equivalentes entonces a poco más de un millón de dólares) en concepto de adelanto financiero a la contratista Mega SRL. El curso de acción de esa obra se registró recién el 31 de diciembre de ese año (o sea diez meses después), pero además como “pagado al proveedor Cosaysa”.

Los auditores que inspeccionaron esa planta se encontraron con la obra paralizada al 10 de septiembre de 2020, con un avance físico del 72,31 por ciento. Y precisaron que el proyecto tenía un presupuesto oficial de $9 millones, se contrató por $14.348.610 y hubo sucesivas redeterminaciones de precios que elevaron el importe total de la obra a $26.871.720.

Sumas millonarias de dólares

De ese total, $11.970.126 se ejecutaron con el FRH y $14.901.593 se cubrieron con otros fondos. Todos esos montos, expresados a valores históricos, representaban en las conversiones de aquellos años -al tipo de cambio oficial- sumas millonarias en dólares.

La planta de Pichanal es, además, uno de los tantos proyectos del Fondo de Reparación por los que se pagaron a empresas contratistas, e incluso municipios, exorbitantes anticipos financieros por obras que recién se iniciaron dos, tres o cuatro años más tarde o que nunca se ejecutaron.

En esa contratación puntual, se pagó a la empresa cerrillana un anticipo financiero equivalente a 1.057.326 dólares, y la primera certificación de trabajos se registró 601 días más tarde, es decir 20 meses después de que Mega percibiera el estratosférico adelanto de fondos públicos.

Aún con todas partidas asignadas y redirigidas, esa planta depuradora quedó a medias. En 2020 el equipo de auditores encontró a la obra “paralizada, sin contribuir al cuidado del medio ambiente del Municipio”. Además, la ampliación de la red de cloacas programada en Pichanal nunca se ejecutó.