Pilar a Diario 16-04-2026 El gobierno nacional anunció que enviará fondos a las empresas de micros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de evitar una nueva crisis en el transporte y garantizar la continuidad del servicio tras los recientes conflictos. La medida se definió en el marco de una reunión entre autoridades de la Secretaría de Transporte y representantes del sector empresario, donde se analizó la delicada situación financiera que atraviesan las compañías.
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Según indicaron fuentes oficiales, la transferencia será de carácter complementario y estará destinada a saldar parte de las deudas que el Estado mantiene con las empresas, vinculadas principalmente a subsidios impagos.

Aunque no se precisó el monto total que se girará en los próximos días, desde el sector privado aseguran que la deuda acumulada ronda los $100.000 millones, producto de pagos parciales durante el primer trimestre del año.
La suba de gasoil, la mayor dificultad para los micros

En ese contexto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) señalaron que el envío de fondos permitirá "sostener las frecuencias en niveles mejores a los que hubo la semana pasada, pero lejos aún del ideal".

Además, advirtieron que la situación sigue siendo compleja por el fuerte aumento en el precio del gasoil, que impacta de lleno en los costos operativos y dificulta la prestación normal del servicio.
Lo que dejó la reunión entre el Gobierno y las empresas de micros

Durante el encuentro, funcionarios y empresarios también avanzaron en la elaboración de un plan de acción para reorganizar el sistema en el corto plazo, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y hacerlo más eficiente.

Entre las medidas en análisis se encuentran ajustes en los recorridos y frecuencias en función de la demanda real de los usuarios, así como herramientas para transparentar los costos del sistema.

Por último, ambas partes acordaron continuar el diálogo a través de mesas técnicas de trabajo y volver a reunirse dentro de 15 días, en busca de soluciones de fondo que permitan estabilizar el servicio y evitar nuevos conflictos en el transporte público.