La Vanguardia del Sur 06-05-2026 La iniciativa, que tomará estado parlamentario el 14 de mayo, establece un esquema de restricciones que, en la práctica, vuelve extremadamente difícil avanzar con una venta o concesión de activos públicos.

El punto central es político: cualquier intento de privatización deberá ser aprobado por dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir, al menos 16 de los 24 legisladores. Sin ese número, no hay posibilidad de avanzar.

Pero el proyecto no se queda ahí. También incorpora:

Audiencia pública obligatoria y vinculante, como condición previa. Sin ese proceso, cualquier decisión quedaría invalidada.

Prohibición expresa de venta de acciones, particularmente en el caso de Distrigas, donde el Estado mantiene participación mayoritaria.

Nulidad automática de cualquier medida que no cumpla estos requisitos.

"Como existen estos aires de privatización por el modelo nacional que nos gobierna, planteamos una serie de requisitos", explicó Peralta, dejando en claro el contexto político en el que se inscribe la iniciativa.

El diputado también vinculó el proyecto con la situación económica de la provincia: caída de regalías, menor coparticipación y un Estado tensionado para sostener salarios y funcionamiento.

"Estamos en una situación de debilidad ante cualquier pedido que pueda venir del gobierno nacional", advirtió.

En ese marco, el proyecto funciona como una jugada anticipada: no responde a un intento concreto de privatización ya anunciado, sino al temor de que aparezca como salida ante la crisis fiscal.

"Por las dudas planteamos este esquema. Es lo que podemos hacer desde la Legislatura: custodiar este patrimonio que es de todos los santacruceños", sostuvo.