Ahora Info 20-05-2026 La Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas (FICE) se reunió con Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, para trazar un diagnóstico urgente sobre la crisis tarifaria, el congelamiento de obras y el reclamo por millonarios fondos retenidos por Nación.

Representantes de la Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) mantuvieron un encuentro clave con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato.

El objetivo central de la reunión fue presentar un diagnóstico detallado sobre la delicada situación financiera y operativa que atraviesan las entidades solidarias de la provincia, asfixiadas por las deudas acumuladas, la falta de inversión en infraestructura y los desajustes tarifarios.

Roberto Otero, presidente de FICE, lideró la presentación y repasó los principales frentes de conflicto que amenazan la sostenibilidad del servicio: la complejidad para afrontar los compromisos con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), las trabas para sostener inversiones esenciales y la necesidad de actualizar los mecanismos de tarifas.
El origen de la crisis: el dilema del congelamiento

Durante la reunión, Otero recordó que el punto de inflexión comenzó con el congelamiento de tarifas implementado a finales de 2019.

Ante un escenario donde los ingresos fijos no alcanzaban a cubrir los costos en alza, las cooperativas se vieron obligadas a tomar decisiones drásticas para subsistir.

«Las entidades se vieron forzadas a decidir: o incumplían con sus obligaciones laborales o tributarias, o dejaban de pagar las facturas de compra de energía, sea a Cammesa (en el caso de las cooperativas agentes del Mercado Eléctrico Mayorista) o a la distribuidora ‘aguas arriba’ que les proveía de electricidad», explicó el titular de FICE.

Según los datos de la Federación, la casi totalidad de las cooperativas optó por priorizar sus obligaciones laborales y acumular deuda por la compra de energía, lo que deterioró gravemente sus pasivos.

Si bien a partir de 2022 se implementaron mecanismos de regularización y tarifas de transición que aliviaron parcialmente los ingresos, el problema de fondo persiste.