Opinando San Nicolás 05-06-2026 La investigación por presunta contaminación vinculada a Atanor ingresó en una nueva etapa procesal luego de que la Cámara Federal de Rosario dispusiera revertir decisiones previas que habían frenado el avance del expediente y ordenara convocar a declaración indagatoria a directivos de la compañía y a exfuncionarios mencionados en la causa.
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El fallo reconfigura el estado de un proceso judicial que se inició en 2014 y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las investigaciones ambientales más extensas de la región de San Nicolás.
La Justicia cuestionó las demoras y reabre el avance del expediente

El tribunal de alzada sostuvo que correspondía avanzar sin más dilaciones y dejó sin efecto las postergaciones que habían impedido la realización de indagatorias durante la instrucción. En ese sentido, la resolución marca un punto de inflexión al habilitar una instancia clave del proceso penal.

La causa se originó a partir de denuncias impulsadas por vecinos de zonas linderas a la planta química, quienes advirtieron posibles impactos ambientales en el suelo, el aire y el agua, con conexión al área del río Paraná.
Evidencias acumuladas durante más de una década

A lo largo del expediente se incorporaron distintos informes técnicos que registraron la presencia de sustancias como atrazina, cipermetrina y trifuralina en muestras de agua y suelo. Estos elementos fueron considerados relevantes en los pedidos de imputación formulados dentro de la investigación.

El proceso judicial también incluyó inspecciones, medidas cautelares y restricciones en áreas cercanas a la planta industrial. Con el tiempo, distintos relevamientos mantuvieron la preocupación sobre la persistencia de impactos ambientales en sectores analizados, incluso luego del cese de la actividad productiva.

A ello se sumaron episodios como la explosión registrada en la planta, que derivaron en nuevas intervenciones judiciales y administrativas.
Intervención fiscal y continuidad del caso

El impulso de la investigación tuvo un rol sostenido de la Fiscalía Federal, con la intervención del fiscal Matías Di Lello, quien promovió medidas de prueba y acompañó las líneas investigativas vinculadas a los posibles hechos de contaminación.

Ese trabajo permitió mantener activo el expediente y consolidar una hipótesis judicial que derivó en decisiones previas vinculadas al cierre de la planta y exigencias de saneamiento ambiental en la zona afectada.
Una causa que entra en fase de definiciones

Aunque Atanor ya trasladó su producción a otros puntos del país, el proceso judicial continúa abierto y ahora se enfoca en la determinación de responsabilidades por los hechos investigados durante más de diez años.

La resolución de la Cámara no establece culpabilidades ni condenas, pero sí obliga a los señalados a enfrentar la instancia de indagatoria por primera vez en el marco del expediente.

El avance judicial es interpretado como un punto de quiebre para quienes impulsaron la denuncia desde sus inicios, mientras que para el fuero federal representa el inicio de una etapa destinada a esclarecer responsabilidades en una de las causas ambientales más complejas de la región.