Contexto 14-07-2026 La industria azucarera de Tucumán comenzó a recuperar parte del ritmo de producción luego de las restricciones en el suministro de gas natural provocadas por la ola de frío, un escenario que afectó especialmente a los establecimientos que no habían adoptado estrategias preventivas de abastecimiento y que luego debieron afrontar el fuerte encarecimiento del combustible importado, impulsado además por la crisis geopolítica internacional.

Mientras el Gobierno nacional destacó haber evitado interrupciones en el abastecimiento domiciliario durante el invierno, el sector industrial atraviesa uno de los períodos más complejos de los últimos años como consecuencia de las limitaciones energéticas y el incremento de los costos.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la empresa estatal Enarsa finalizará este año la compra de 28 barcos de Gas Natural Licuado (GNL), una operación que demandará más de U$S 1.100 millones, un 50 por ciento más que durante 2025.

En paralelo, industrias radicadas en el Litoral, Córdoba y el Noroeste Argentino enfrentaron restricciones de hasta el 70 por ciento en el suministro de gas, situación que impactó directamente sobre sus niveles de actividad.

El informe señala que mientras el gas producido en el país tiene un costo aproximado de U$S 4,50 por millón de BTU, el GNL importado ronda los U$S 18 por la misma unidad, una diferencia que gran parte del sector industrial no está en condiciones de absorber.

En ese contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó la convocatoria del comité de emergencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas para analizar la situación y definir quién debe afrontar los sobrecostos derivados de la crisis energética.

El CEPA sostiene que el planteo excede una cuestión técnica y representa una disputa sobre la distribución de los costos del invierno. Según el organismo, si las restricciones obedecen a problemas de transporte corresponde la intervención de las distribuidoras, mientras que si el inconveniente es de carácter comercial deberían participar transportistas, distribuidoras, el Enargas, la Secretaría de Energía, Cammesa y Enarsa para determinar la disponibilidad real de volúmenes.

La consultora cuestionó que el Gobierno no haya convocado ese comité y atribuyó esa decisión a una definición política. Recordó que la secretaria de Energía, María Tettamanti, sostiene que la industria debe adquirir el gas regasificado a su costo real, mientras que el secretario coordinador Daniel González defendió esa postura al señalar que el objetivo es transparentar los precios para que cada actor adopte decisiones de mercado.

El informe también rechaza que exista un problema de escasez de gas en la Argentina. Por el contrario, afirma que la producción nacional continúa en niveles elevados y que el verdadero inconveniente reside en las limitaciones de transporte y en la arquitectura del sistema de comercialización.

En ese sentido, el CEPA explica que la Resolución 66/2026 reorganizó el esquema de abastecimiento para priorizar el flujo proveniente de Vaca Muerta, aunque dejó expuesto al norte del país mientras continúa pendiente la construcción del gasoducto Tratayén-La Carlota.

Como consecuencia, se produce una paradoja: existe disponibilidad de gas en Neuquén y continúan arribando buques con GNL a los puertos argentinos, pero numerosas industrias del norte, entre ellas los ingenios azucareros tucumanos, afrontan dificultades para acceder al suministro.

El documento agrega que el Gobierno eliminó el rol de Enarsa como proveedor de última instancia sin haber desarrollado previamente un mercado capaz de reemplazar ese mecanismo, generando un escenario en el que cada empresa debió resolver individualmente sus necesidades energéticas.

Frente a este panorama, la UIA propuso que el Estado absorbiera el 50 por ciento del costo del GNL importado durante el invierno y que el restante 50 por ciento fuera afrontado por la industria. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Ministerio de Economía.

Para el CEPA, el invierno de 2026 puso de manifiesto una tensión aún no resuelta entre la lógica de mercado y la planificación estatal. La entidad considera que la estrategia oficial privilegió el funcionamiento del mercado, aunque ese esquema no logró responder adecuadamente a las necesidades del norte argentino.

Finalmente, el informe advierte que, sin nuevas obras de infraestructura que conecten Vaca Muerta con el NOA, sin un esquema de transición para acompañar los cambios regulatorios y sin mecanismos que protejan a la industria de la volatilidad de los precios internacionales, las dificultades que afectaron a la producción durante este invierno podrían repetirse en los próximos años.