Río Negro 03-09-2026 Por mayoría, la comisión plenaria de la Legislatura dio dictamen favorable a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo para la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSeC) que tendrá a su cargo la regulación de la electricidad, el agua potable y los desagües cloacales en la provincia.

El voto favorable fue de los bloques de Juntos Somos Río Negro Primero Río Negro, la Unión Cívica Radical, y la CC-ARI Cambiemos mientras que los bloques peronistas y Pro Unión Republicana solicitaron 48 horas para definir su posición.

Durante la reunión el secretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, defendió la creación de un ente regulador multisectorial como una herramienta para modernizar y hacer más eficiente el control de los servicios públicos.

Explicó que los contratos de concesión vigentes son anteriores a la reforma constitucional de 1994 y a la legislación de defensa del consumidor, mientras que los derechos de usuarios y consumidores adquirieron desde entonces un protagonismo creciente, por eso «resulta necesario contar con un sistema de atención de reclamos unificado, con criterios comunes para los distintos servicios».

El funcionario planteó además que la unificación permitiría «evitar la duplicación de estructuras administrativas, jurídicas y técnicas y fortalecer áreas específicas como la regulación tarifaria» y también destacó «la posibilidad de compartir información entre los servicios para mejorar los controles y anticipar problemas».

Yanotti sostuvo que el nuevo organismo también permitiría mejorar la atención de los usuarios en localidades alejadas. Puso como ejemplo a Valcheta, donde existen dificultades para acceder presencialmente al EPRE por las distancias: «No puede ser que una persona tenga que hacer 300 o 500 kilómetros para presentar un reclamo», planteó al defender la incorporación de herramientas digitales.

El proyecto establece que el ERSeC tendrá autarquía, independencia funcional y presupuestaria y estará conducido por un Directorio de tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo, con mandatos de cuatro años. Entre sus funciones estarán la regulación tarifaria, fiscalización, aplicación de sanciones, resolución de reclamos y controversias y control de las inversiones y condiciones de prestación.
Cuestionamientos de algunos legisladores

Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) cuestionó el funcionamiento actual del EPRE , consideró válida la idea de unificar los organismos, pero expresó dudas sobre la autonomía del nuevo ente, la designación de sus autoridades exclusivamente por el Poder Ejecutivo y la ausencia de representantes de los usuarios en el Directorio. También pidió que el proyecto sea discutido con cámaras empresarias, productores y usuarios.

Su compañera de bloque, Magdalena Odarda reclamó mayor participación de las cámaras de productores y comerciantes y trasladó el pedido de prorrogar el tratamiento. Además, planteó interrogantes sobre la respuesta del EPRE ante cortes prolongados de electricidad en la Región Sur y sostuvo que el nuevo organismo debe garantizar una atención efectiva de los reclamos y la participación de los usuarios en el control.

Daniel Sanguinetti cuestionó el diseño institucional y tomó como antecedente la experiencia del ente regulador nacional creado para concentrar la regulación de gas y electricidad; y preguntó por la necesidad de un Directorio de tres integrantes y por el impacto de la tasa de inspección y control en pequeños prestadores, particularmente las juntas vecinales que administran redes de agua en Bariloche.

Fernando Frugoni, (CC-ARI Cambiemos) consultó por la participación de la Legislatura en la designación de los directores, la situación laboral de los trabajadores del DPA, el costo de funcionamiento del nuevo organismo y el ahorro esperado por la unificación; también por la capacidad sancionatoria frente a los problemas de suministro eléctrico que afectan a localidades como Sierra Grande, Valcheta, Las Grutas y San Antonio Este.

Lorena Matzen (Unión Cívica Radical), valoró la separación entre las funciones de prestación y regulación en el nuevo ente y consideró que la iniciativa puede aportar mayor agilidad y mejorar la respuesta a los usuarios. Sus consultas estuvieron vinculadas con la forma en que se contemplarán las diferencias regionales en los indicadores de eficiencia, el período de transición y la fiscalización durante ese proceso.

Ariel Bernatene (UCR) planteó dudas sobre la constitucionalidad de transferir al nuevo ente funciones que actualmente ejerce el Departamento Provincial de Aguas (DPA), a partir de las previsiones de la Constitución provincial respecto de ese organismo. También pidió precisiones sobre la eventual incorporación de nuevos servicios a la órbita del ERSeC.

Mientras que Juan Martin (Pro Unión Republicana) cuestionó que los tres directores sean designados directamente por el Poder Ejecutivo y propuso tomar como referencia el modelo del organismo regulador tucumano, que contempla la designación de las autoridades por parte del Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y Martina Lacour advirtió sobre una posible ampliación de la discrecionalidad del Ejecutivo y planteó interrogantes sobre la incorporación de nuevos servicios, el régimen de audiencias públicas, el cálculo de la tasa de inspección y la tasa complementaria, así como sobre los mecanismos previstos para evitar la captura regulatoria.

Leandro García 8PJ-Nuevo Encuentro), planteó una observación vinculada con la transparencia. Señaló que entre las funciones previstas actualmente para el EPRE figura la obligación de dar publicidad a sus decisiones y a los antecedentes técnicos y jurídicos que las fundamentan, mientras que esa previsión no aparece expresamente entre las competencias del nuevo ente.