Página 12 04-09-2026 El Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) de Salta decidió que este mes de septiembre y el que viene se suspenderá la actualización del Valor Agregado de Distribución en las tarifas de energía eléctrica en la provincia.

Así lo manifestó el presidente del organismo, Carlos Saravia, quien recordó que también se definió “diferir” de manera excepcional y transitoria la aplicación del componente de recomposición tarifaria derivado de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) en las facturas de agua.

Estos dos componentes forman parte de los cobros de los servicios de luz y agua que define la provincia. La decisión, indican las resoluciones publicadas, responde a la crisis social y económica y “particularmente a las condiciones verificadas respecto de la capacidad de pago de los hogares y los niveles de morosidad registrados”.

De todas maneras, los usuarios de la provincia verán en sus facturas la incidencia de los incrementos del 1.40 por ciento y del 1.75 por ciento en el gas y la energía eléctrica dispuestos por el Ente Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) de la Nación y que se aplican desde septiembre.

En diálogo con Salta/12, el presidente del Ente Regulador de la provincia afirmó que la postergación del cobro de porcentajes que puede disponer el gobierno provincial en la energía eléctrica se definieron en agosto y se extenderán este mes y el que viene. En cuanto al diferimiento de la revisión tarifaria integral en el agua, la resolución conocida hasta ahora rige solo para septiembre.

En cuanto al impacto, Saravia sostuvo que la provincia debía actualizar los costos de la energía eléctrica en un 5,63 por ciento, “y lo redujimos a 3 por ciento”. En el caso de las tarifas del agua potable, “correspondía 4,6455 por ciento y lo redujimos a 2,1 por ciento”, dijo.
Un encadenado en Metán

El usuario Abel Altamirano sostuvo desde el martes hasta ayer al mediodía unas 30 horas de encadenamiento frente a las oficinas del Ente Regulador en la ciudad de Metán.

Como sucedió en General Güemes, las facturas de la luz han tenido aumentos que a ojos y bolsillos de los usuarios son inentendibles. En el caso de Altamirano, detalló que “venía pagando 60 mil pesos en mayo”. En junio la factura fue de 80 mil; en julio, 90 mil y en agosto llegó 160 mil pesos.

Su protesta logró la presencia ayer del responsable de la Secretaría de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial, Pedro de los Ríos, con quien Altamirano se mostró molesto porque interpretó el trato del funcionario como una falta de respeto. Contó que en presencia de De los Ríos, una mujer llegó hasta el lugar en silla de ruedas y mostró que con su pensión no podía llegar a pagar los 900 mil pesos que le habían facturado por el servicio de energía eléctrica.

“Son más de 200 reclamos”, dijo a este diario la presidenta del Concejo Deliberante de Metán, María José Bernis, quien sostuvo que tras la visita de ayer, logró que de manera urgente “se haga una auditoría técnica de cada una de las boletas y lectura de medidores”. Esta auditoría se iniciará el lunes.

En sintonía con el reclamo de Altamirano, la concejala Bernis afirmó que hay “facturas que pasan de un mes a otro” de 80 mil pesos a 400 mil pesos, y “otras de 200 mil a 800 mil”. Los sueldos aplastados no pueden competir con la suba inusitada que se muestra en las boletas. Esto generó, a su vez, que “muchísimas familias tengan el servicio cortado” tras la quita de los medidores de luz. Bernis dijo que junto al pedido de auditoría se solicitó también el cese de los cortes del servicio hasta tener una constatación real de qué se está cobrando.

El antecedente se registró en General Güemes, en donde se detectó que la empresa EDESA, distribuidora de la energía a los domicilios, había acumulado cobros del servicio sin medición en las facturas, lo que resultó en facturas onerosas. En este caso, el problema fue que los medidores de la empresa no registraron las lecturas correspondientes, pero el error fue transferido a los usuarios.

El 25 de agosto pasado, con este antecedente en puerta, el ENRESP le ordenó a EDESA “suspender a partir de la notificación de la presente resolución, en forma inmediata y con carácter transitorio, la emisión de notas de débito y liquidaciones complementarias derivadas de la falta de registro de consumo por defecto del equipo de medición o de los mecanismos de migración de datos sobre los que se asienta la facturación y posterior acumulación del mismo, y abstenerse de suspender los suministros por falta de pago de sumas originadas en el recupero pretendido, independientemente de si las personas usuarias hubieran generado el reclamo pertinente ante la prestataria o ante el ENRESP, hasta tanto este Organismo emita la pertinente reglamentación”.

En el caso de Metán se prevé que el relevamiento se determine qué ocurrió para la desmesurada suba de las tarifas.
Una cautelar por un ítem en la factura del agua

Como representante legal de la ONG Protectora, Daniel Paganetti espera la resolución de una medida cautelar que presentó en la Justicia salteña contra la decisión del ENRESP de cobrar durante lo que va del año un monto mensual del 2.54 por ciento en las facturas de agua por una Revisión Tarifaria Integral.

Su pedido es que el pago se suspenda, puesto que va en contra de la ley vigente que dispone que la actualización tarifaria se hará solo según el IPC.

La presentación se hizo luego de que el Ente Regulador rechazara la petición por vía administrativa. Tras ese rechazo, surgió la resolución para suspender el agregado de la RTI en las facturas de septiembre.

Paganetti interpretó esta suspensión como un “hecho nuevo” en el que entendió que el Ente reconoció la falencia de cobrar un ítem por fuera de lo establecido por la ley.

El pedido de la ONG es que ese ítem quede directamente fuera de la factura de ahora en más. La respuesta de Saravia a las presentaciones de Protectora, se limitó a afirmar que “Paganetti se presentó a cuestionar una resolución que dispuso reconocer luego de una revisión tarifaria integral 30,5 por ciento (Aguas del Norte pedía 70,5 por ciento), el que se dividió en 12 incrementos de 2,5455 por ciento por todo el año 2026. Esto lo establece el artículo 2° de la ley 8457”.