Cuarto 22-09-2026 Lo hicieron mediante una solicitada dirigida a SAETA y al gobierno. Asociaron las dificultades económicas con los pagos pendientes. El planteo se conoció en medio de la reducción de la frecuencia de unidades.

Además de pedir disculpas por las dificultades ocasionadas, los subconcesionarios reclamaron que se adopten medidas para evitar que la situación derive en mayores restricciones. “Nos vemos en la obligación de dirigirnos públicamente a las autoridades provinciales y a la empresa SAETA, con el fin de manifestar nuestra grave preocupación ante el progresivo deterioro de este servicio esencial”, expresaron.

Las empresas aseguran que existen servicios prestados que permanecen impagos desde julio de 2026, lo que habría reducido el margen financiero con el que cuentan las prestatarias para afrontar sus compromisos operativos y económicos. “Las empresas cuentan con la flota, el personal y los recursos necesarios para brindar un servicio de mayor calidad. Sin embargo, las dificultades financieras que hoy afectan al sistema son consecuencia directa de decisiones adoptadas por la dirección de SAETA”, señalaron.

Las empresas advierten que si no se regulariza la situación, podrían enfrentar dificultades que impactaría directamente en el servicio. “De persistir estas condiciones, las empresas se verán imposibilitadas de afrontar sus obligaciones económicas, comprometiendo seriamente la continuidad y la normal prestación del servicio de transporte público”, sostuvieron.

En paralelo, las prestatarias reclaman que se respeten los términos de los contratos vigentes y las condiciones bajo las cuales realizaron inversiones en el sistema. La solicitada pone especial énfasis en la responsabilidad del Estado y de SAETA sobre la continuidad de un servicio utilizado diariamente por miles de personas.

“El transporte público no es una variable de ajuste; es un servicio esencial y un derecho social dinámico que SAETA y el Estado deben velar por garantizar de forma ininterrumpida”, afirmaron.

Ante este escenario, las empresas solicitaron que el gobernador intervenga para facilitar una salida al conflicto. El objetivo planteado es alcanzar un acuerdo que permita normalizar la situación financiera. “Solicitamos la intervención del señor gobernador, con el objetivo de encontrar una solución urgente y definitiva”, señalaron en el documento.

La presentación lleva las firmas de Walter Pérez (Ahynarca SA), María Soledad de La Paz Montero (Ale Hnos. SRL), Álvaro Giménez (El Cóndor SA), Juan Facundo Cornejo (Alto Molino SRL), Pablo Ale (Transal SRL y Eduardo SRL) y Sebastián Mihelj (Transporte Automotor del Valle SRL).