BAE 12-11-2026 La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia y rechazó la demanda de una entidad civil que nuclea a empresas prestatarias de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional. Esa agrupación cuestionaba una normativa de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la que se exige presentar un certificado libre de multas firmes de las unidades cuando se quiera iniciar un trámite administrativo.

La decisión de la Corte fue tomada por el juez Horacio Rosatti, quien conformó mayoría con los conjueces Alejandro Tazza (Mar del Plata) y Juan Pablo Salas (San Martín), mientras que los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz hicieron cada uno un voto propio. Más allá de los matices en la argumentación, todos los jueces coincidieron en rechazar la demanda.

El expediente se inició por pedido de la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Puntualmente, se solicitaba la declaración de nulidad de los artículos 1°, 2° y 3° de la Resolución CNRT 628/2012 (ratificada por la Resolución CNRT 698/2013), en cuanto exigen presentar un certificado de libre deuda de multas firmes labradas a partir del 1° de diciembre de 2012 para realizar trámites ante dicho organismo. Como pretensión subsidiaria, solicitó la inconstitucionalidad del artículo 8° del Decreto 1395/1998, que impone a los operadores la obligación de acreditar que no registran deudas exigibles por multas para realizar cualquier trámite ante la CNRT. La entidad argumentó que la normativa afectaba el derecho de propiedad, vulneraba la ecuación económica financiera de las empresas, incurría en exceso reglamentario y constituía una sanción accesoria no prevista en la ley 21.844.

Inicialmente el juzgado en lo contencioso administrativo número 3 hizo lugar parcialmente a la demanda y así declaró la nulidad del artículo 3 de la resolución 628 y dispuso su inaplicabilidad. Luego, tras la apelación del Ejecutivo, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitió, por mayoría, la acción, declaró la inconstitucionalidad del artículo 8° del Decreto 1395/1998 y la nulidad de la Resolución CNRT 628/2012.

La CNRT dedujo un recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones. Oída la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraordinario, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda con costas.

El máximo tribunal recordó que, antes de analizar la cuestión, había que verificar "la existencia de un caso, causa o controversia" y "para que ello ocurra, resulta imprescindible que quien promueve la acción judicial tenga legitimación para hacerlo", es decir, "con un interés lo suficientemente directo, concreto y personal en el resultado del pleito, ya que -por regla- no se admite una acción que persiga el objetivo general y abstracto de que se cumplan la Constitución y las leyes".

El juez Rosatti junto a Salas y Tazza afirmó: "en este proceso la entidad actora -con sustento en su estatuto- pretende ejercer la defensa de derechos puramente individuales de las empresas que nuclea" pero "la legitimación procesal activa corresponde, por principio, a cada una de las empresas que -eventualmente- se consideren afectadas por la normativa que se impugna". Y en ese sentido también se descartó como válido el derecho de "incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos de sus miembros, de acuerdo con el criterio establecido por esta Corte en el caso ‘Halabi".

Como "la existencia de este requisito resulta ineludible para habilitar la intervención del Poder Judicial de la Nación, pues su ausencia o desaparición importa la de juzgar y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia", se rechazó el planteo.

Por su parte, Rosenkrantz se pronunció en el mismo sentido. "Las afirmaciones realizadas por la cámara en el marco de la medida cautelar son puramente dogmáticas y no traspasan el umbral de la mera conjetura. Ello es así pues no existe prueba que demuestre que las empresas a las que pretende representar la actora se encuentren impedidas de litigar por sí. Por todo lo expuesto, se concluye que la CELADI no tiene legitimación procesal para promover la presente demanda".

Por último, Lorenzetti no solo habló de la falta legitimación, sino que abordó el fondo del asunto sobre la validez de la normativa cuestionada. "En el caso bajo examen, de la reseña efectuada en los considerandos precedentes se desprende que las normas impugnadas fueron dictadas por el poder administrador en el ámbito de sus competencias y su contenido armoniza con el texto de las normas de rango superior, no contraría su espíritu ni su finalidad y se sancionaron para la mejor ejecución de las leyes, de modo que no se configura un exceso reglamentario susceptible de invalidar la resolución cuestionada", se agregó.