| |
El Chorrillero 20-11-2026 El Gobierno de Claudio Poggi consiguió la aprobación de una ley clave para el futuro de la provincia. Este miércoles, la Cámara de Diputados sancionó el Plan Maestro de Energía 2026-2036 para el desarrollo humano y económico sustentable. La iniciativa busca planificar las políticas energéticas durante la próxima década, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sanluiseños, fortalecer la infraestructura y atraer inversiones del sector privado. Fue aprobado por 26 votos a favor, del bloque Ahora San Luis y aliados y 6 en contra del Frente Justicialista.
Eugenia Gallardo (Ahora San Luis) fue la encargada de explicar los principales aspectos del diseño, que demandó un prolongado trabajo conjunto con el Consejo Federal de Inversiones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y mesas sectoriales en los nueve departamentos, integradas por representantes de la industria, consultores en energía y universidades.
“Es muy bueno gestionar a partir de planes maestros. Dan certeza, seguridad jurídica a los distintos actores de la provincia”, señaló la legisladora.
“El desafío ahora es cómo distribuir la energía, cómo darle robustez al sistema y cómo abaratar costos”, enumeró.
Diagnóstico
En ese sentido, explicó que se realizó un diagnóstico previo, que consideró inédito, sobre la situación de la provincia en materia de electricidad, gas natural y combustibles.
Señaló que actualmente el servicio eléctrico es prestado por la empresa Edesal, que opera el subtransporte y la distribución de media y baja tensión, bajo la regulación de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica. En cuanto al gas natural, la regulación está a cargo de organismos nacionales, mientras que la distribución corresponde a Ecogas Cuyana y Energía San Luis Sapem.
San Luis tiene una matriz energética diversificada, ya que el 50 por ciento que consume proviene de fuentes renovables. De ese total, el 51 por ciento corresponde a energía solar, el 46 por ciento a eólica y el 3 por ciento a biogás. En ese sentido, cuenta con cuatro plantas operativas y, entre 2022 y 2024, la generación de energía “limpia” creció un 300 por ciento.
El estudio también determinó que los picos de demanda se registran en verano, por las altas temperaturas y el riego agrícola. Además, identificaron pérdidas de entre el 15 por ciento y el 25 por ciento por hurtos, conexiones clandestinas y fallas de medición.
En el sector gasífero detectaron desigualdades en el acceso: de 204 mil viviendas construidas, sólo 97.653 son usuarias por red. El 49 por ciento de los hogares cocina ese servicio, mientras que un 44 por ciento utiliza garrafas. El consumo se quintuplica en julio y agosto respecto de abril, lo que evidencia que las redes están subutilizadas gran parte del año.
En combustibles, el pico de consumo se registró en 2025, cuando se superó la media nacional y se mantuvo una tendencia positiva, con predominio de la demanda de naftas sobre el gas. La producción local de biocombustibles equivale al 12 por ciento del gasoil provincial.
El balance energético se elaboró a partir de seis años de registros y constituyó la base del Plan Maestro, que contempla cinco ejes interconectados, atravesados por la eficiencia energética. Este concepto significa “hacer más con menos energía, reduciendo costos, evitando inversiones innecesarias”.
Acciones concretas
En el sector público se propone crear la figura del gestor energético en edificios públicos, como escuelas, hospitales y dependencias administrativas. También se prevé el recambio del alumbrado por luminarias LED y la implementación de compras públicas sustentables, mediante licitaciones con criterios de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.
Para el sector productivo y residencial se promueven auditorías energéticas en industrias y pymes, el etiquetado de eficiencia energética de viviendas, el recambio de electrodomésticos y un programa de agua caliente sanitaria con termotanques solares en zonas sin acceso al gas natural.
Además, se impulsa la educación mediante manuales de alfabetización energética y capacitación continua junto a las universidades públicas nacionales de la provincia, las escuelas técnicas y la UPrO.
Otro de los ejes contempla infraestructura, tecnología e inversión. El objetivo es modernizar las redes radiales, que actualmente presentan problemas de estabilidad y caídas de tensión, e integrar las telecomunicaciones.
Hay tres obras prioritarias de alta tensión. La primera es el cierre del anillo del Gran San Luis, para brindar seguridad y respaldo al área metropolitana e industrial de la provincia, donde se concentra la mayor demanda de energía.
La segunda es el cierre del anillo del sistema norte, que unirá Santa Rosa de Conlara con Candelaria y será clave para el desarrollo turístico y productivo de esa región.
La tercera apunta a extender el sistema sur para resolver los históricos problemas de estabilidad y falta de potencia que afectan a los habitantes del departamento Dupuy.
También prevén incorporar redes inteligentes y sistemas de almacenamiento, con telecontrol y automatización, para gestionar las pérdidas y la intermitencia de la energía eólica y solar. Estas tecnologías permitirán, además, que los usuarios generen su propia energía e inyecten los excedentes a la red, convirtiéndose en prosumidores.
A mediano plazo se plantea la creación de un mercado provincial de energía eléctrica, que permita realizar transacciones entre generadores y grandes consumidores locales y competir con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
La proyección incluye también la producción de biometano para reemplazar el uso del gas natural y el gasoil tradicional.
Otro de los ejes aborda la sostenibilidad, el ambiente, la competitividad y la asequibilidad. “Es convertir la baja huella de carbono de San Luis en una ventaja competitiva. Poder exportar productos de San Luis como los agroindustriales con un sello de baja huella de carbono, insertarnos en el mercado para monetizar proyectos renovables y de eficiencia”, amplió.
En cuanto al financiamiento, se busca concretar obras importantes sin comprometer el presupuesto provincial, a través de alianzas con sectores que se benefician de las inversiones energéticas. La prioridad será generar esquemas de inversión público-privada para obras de alta tensión. Citó como ejemplos a productores agropecuarios, de riego e industriales, que podrían cofinanciar la infraestructura. También se prevé recurrir a bonos verdes y microcréditos.
Por último, el eje de gobernanza apuntará a mejorar la operatividad, evitar gastos innecesarios, crear una unidad ejecutora interministerial a cargo del plan y establecer un sistema integrado de información energética.
“El Plan Maestro de Energía es el resultado de una clara decisión política que trasciende a una gestión de gobierno, que trasciende el corto plazo. Es una clara decisión de trabajar para el futuro de la provincia”, resumió la legisladora.
Bruno Mini recordó que hay múltiples leyes aprobadas vinculadas al desarrollo de la provincia. Entre ellas, el RIPEE, el Plan Maestro del Agua y la Ley de Consorcios Camineros.
“La gestión del gobernador Claudio Poggi ha entendido que el rol del Estado para el desarrollo del mismo tiene que ver principalmente con dos cuestiones fundamentales: primero, dotar a los privados de una fuerte seguridad jurídica, que les permita pensar los emprendimientos a largo plazo. Y segundo, generar las condiciones de infraestructura y servicios para que esos emprendimientos sean posibles”, aseguró.
“Seguramente el año que viene nos va a tocar tratar el plan de ordenamiento territorial, que sería el broche de oro de un programa de leyes que van a dar seguridad jurídica, que van a generar las condiciones para la inversión, que ponen a San Luis en una carrera competitiva y con ventajas respecto de otras provincias para atraer inversiones”, concluyó.
El bloque peronista no apoyó la iniciativa y solicitó mayores precisiones sobre los fondos asignados y los cronogramas de obras. Silvia Sosa Araujo incluso criticó la política de viviendas al considerar que se “está techando la pobreza” por no tener en cuenta inversiones energéticas en los planes habitacionales.
La expresión fue cuestionada por varios legisladores tras su intervención. “Me parece una expresión lamentable. Quienes no se ocuparon de construir viviendas fueron los del bloque de la oposición. Y ahora vienen a decir que es techar pobreza. Dejaron a la provincia pobre y no se ocuparon”, respondió Gallardo.
Prorrogaron por un año la designación de 17 funcionarios judiciales
En la sesión también aprobaron por unanimidad la prórroga de un año para las designaciones provisorias de 17 magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La iniciativa alcanza a quienes continúan en funciones al momento de entrar en vigencia la norma y cuyos plazos de desempeño se encuentran próximos a vencer.
Carlos “Charly” Pereira (Ahora San Luis) explicó que la medida busca garantizar la continuidad del servicio de justicia mientras se realizan los concursos y se conforman las ternas necesarias para cubrir los cargos de manera definitiva. Sin esta prórroga “gran parte de la operatividad y del servicio del justiciable por parte de un poder del Estado como es el Poder Judicial quedaría sumamente comprometido”, aseguró.
El legislador precisó que, de las 17 designaciones provisorias vigentes, cinco tienen vencimientos previstos entre el 2 y el 21 de diciembre. Además, cito como ejemplo la situación de la Tercera Circunscripción Judicial, donde la finalización de esas funciones dejaría sin autoridades a los juzgados Civil, Comercial y Laboral; de Familia, Niñez, Adolescencia, Violencia y Régimen Penal Juvenil; el Juzgado de Garantía, además de la Fiscalía de Instrucción Penal y la Defensoría Oficial en lo Penal.
Pereira señaló que hay dificultades para cubrir los cargos por el vencimiento en la conformación de ternas y el bajo nivel de los postulantes en los exámenes. Esto provocó que el Superior Tribunal de Justicia plantee elevar los requisitos de antigüedad en la matrícula como parte de la reforma constitucional. |
|