Futuro Sustentable 31-10-2025 La Procuración General de la Nación (PGN) emitió un dictamen determinante que da impulso a la causa judicial presentada por las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) por el daño ambiental generado por la obra pública “Nuevo Canal de la Patria”, en Santiago del Estero.

El documento, fechado el 10 de septiembre, considera que el caso debe tramitar bajo la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que significa que el máximo tribunal del país será el encargado de resolver directamente la controversia, sin intervención de tribunales inferiores.
Responsabilidad compartida entre Nación y Provincia

El dictamen de la PGN sostiene que tanto la Provincia de Santiago del Estero como el Estado Nacional tienen responsabilidades conjuntas y específicas en la planificación y ejecución de la obra, en virtud de los convenios celebrados entre la provincia y el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), junto con la entonces Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas.

Según el análisis, el Estado Nacional participó en el diseño del canal, otorgó asistencia financiera y mantuvo facultades de control y auditoría técnica y económica; mientras que la provincia fue responsable de la ejecución, mantenimiento y operación de la obra.

Para la Procuración, resulta imposible garantizar el derecho de defensa y la protección efectiva de la biodiversidad sin la presencia de ambas jurisdicciones, por lo que concluye que la Corte Suprema es el órgano competente para intervenir.
Un proyecto con impacto ambiental severo

La demanda fue presentada el 23 de junio por las tres ONGs, bajo la figura de acción por daño ambiental de incidencia colectiva, contra el Estado Nacional y la Provincia de Santiago del Estero.

El Canal de la Patria, originalmente construido a fines de la década del 70, fue objeto de una obra de “mejora” en 2020, que implicó el revestimiento con cemento de un tramo de 180 kilómetros. Sin embargo, según las organizaciones, la estructura actual se transformó en una “trampa mortal” para la fauna silvestre: los animales que intentan cruzar o acceder al agua caen por las paredes empinadas y no logran salir, muriendo ahogados.

Las ONG denuncian que la acumulación de cuerpos en descomposición contamina las aguas y pone en riesgo la salud humana, además de provocar la fragmentación del hábitat y la pérdida de conectividad ecológica en una de las ecorregiones más valiosas del país, el Gran Chaco.
Expectativa por una resolución del máximo tribunal

Con el dictamen de la Procuración, la causa ya comenzó a circular entre los ministros de la Corte Suprema, que deberá decidir sobre la admisión y eventual tratamiento de medidas urgentes.

Las organizaciones demandantes solicitaron que se dispongan acciones inmediatas para frenar la muerte de animales, preservar la calidad del agua y poner en marcha un Plan de Recomposición Ambiental Integral que revierta los impactos generados por la obra.

“Este dictamen es un paso clave para que la Corte intervenga en un caso emblemático de daño ambiental, que involucra tanto la responsabilidad del Estado nacional como provincial”, destacaron desde las organizaciones.