Huarpe 26-11-2025 Luego de la campaña que atravesó la política de San Juan por los comicios de las Legislativas 2025 y tras haber logrado la mayoría necesaria para designar al Fiscal General propuesto, Guillermo Baigorrí, el oficialismo provincial prepara un cierre de año legislativo recargado. Con el escenario político más despejado, la prioridad será destrabar los pedidos de informes pendientes sobre la gestión pasada y reactivar el debate de la Ley de Transporte, iniciativa que quedó envuelta en polémica antes de la veda electoral.

Entre los pedidos de informes que aguardan respuesta, el que mayor impacto generó fue el vinculado al Acueducto Gran Tulum. La magnitud de la obra, clave para el abastecimiento de agua en el Gran San Juan, colocó bajo lupa diversas irregularidades detectadas por una comisión técnica y expuestas oportunamente por el vicegobernador Fabián Martín.

Según esa evaluación preliminar, unos 10 kilómetros de cañerías colocadas no eran aptas para soportar la presión de bombeo requerida y debieron ser retiradas. La pérdida, estimada en US$50 millones —la mitad del préstamo nacional otorgado—, encendió alarmas sobre un posible daño patrimonial millonario.

Sin embargo, el interrogante más delicado aún está en análisis: trascendió que los nuevos caños instalados tampoco serían adecuados. De confirmarse, la falla comprometería la funcionalidad del acueducto y sumaría otra controversia a un proyecto ya profundamente cuestionado.

A esto se suma la demora en la Legislatura para recibir respuestas formales. Pese a que el reglamento fija plazos para responder informes, varios quedaron congelados tras la “presentación furiosa” inicial realizada durante los primeros meses del año.

El Acueducto no es el único punto bajo revisión. El oficialismo también presentó pedidos por obras paralizadas, subsidios al transporte, contrataciones de publicidad oficial y demandas judiciales que podrían significar costos para la provincia. La amplitud de áreas involucradas refleja la intención de realizar una auditoría profunda, aunque la falta de avances ha comenzado a generar dudas sobre su efectividad.
Pedidos opositores

Desde la oposición también se activaron solicitudes: el PJ pidió informes sobre residencias geriátricas, intervención de clubes, compra de kits escolares y un eventual apoyo a Flybondi. La Libertad Avanza, por su parte, insistió en obtener detalles sobre la misma aerolínea.
Ley de Transporte

La Ley de Transporte volverá ahora al centro del debate. La norma, que propone un registro único y elimina el sistema tradicional de licencias, con el que buscan modernizar la actividad y permitir que los trabajadores se inscriban cumpliendo requisitos claros, se retoma.

Durante la campaña, según fuentes del oficialismo, el proyecto se frenó ante la “politización” impulsada por el peronismo. En paralelo, algunos diputados dialoguistas solicitaron al vicegobernador Martín postergar el debate bajo la promesa de acompañar la iniciativa una vez pasada la elección.
Ley de Proveedores Mineros

El Ejecutivo también prepara el envío de la nueva Ley de Proveedores Mineros, adelantada en el Café de la Política por el ministro Gustavo Fernández. El objetivo es fortalecer el desarrollo de proveedores sanjuaninos y definir con mayor precisión el concepto de “proveedor local”.

La norma ordenará diferencias entre proveedores de la comunidad directa, de la provincia y del país, priorizando a los primeros para asegurar mayor participación y agregado de valor dentro del sector.

Con el ciclo electoral ya superado, el oficialismo acelera su agenda legislativa. Las próximas semanas definirán si los debates trabados antes de las urnas finalmente avanzan o vuelven a quedar atrapados en la pulseada política.