La Tecla 31-03-2026 Este lunes 30 de marzo, desde las 9.30, la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante retomará la actividad con una agenda cargada, pero con una ausencia que vuelve a llamar la atención: el pliego del transporte público. En su lugar, el eje estará puesto en un debate postergado, el de la regulación de las aplicaciones de transporte, en un contexto donde ya funcionan en la ciudad pero siguen sin encuadre normativo.


La comisión que preside Guido García analizará diez expedientes, entre los que se destacan iniciativas vinculadas a plataformas como Uber, Cabify y DiDi. A diferencia de lo que ocurría años atrás, cuando su desembarco generaba resistencia, hoy el uso de estas apps está extendido en Mar del Plata, aunque su funcionamiento permanece en un limbo legal.


Entre los proyectos a tratar aparece una iniciativa de la Coalición Cívica que propone crear un registro municipal obligatorio para los prestadores del servicio de transporte mediante plataformas digitales. La inscripción sería única, personal y válida para todas las aplicaciones en las que opere el conductor.


El esquema plantea que los choferes puedan trabajar con vehículos propios o de terceros, siempre que cumplan con requisitos como documentación al día, verificación técnica obligatoria, seguro para transporte de pasajeros y una antigüedad máxima de 15 años. Además, el servicio solo podrá ofrecerse a través de las apps, sin captación de pasajeros en la vía pública.


En paralelo, se tratará un proyecto de la cc, que busca modificar la ordenanza vigente desde 2019, que establece sanciones para quienes operan con plataformas. El objetivo es despenalizar la actividad mientras se define un marco regulatorio definitivo.


A este escenario se suma la nota particular presentada por la Asociación Civil Conductores Unidos (expediente 25/26), que también impulsa la regulación del sector. El planteo incluye la creación de un registro municipal de conductores y vehículos, con exigencias como licencia vigente, ausencia de antecedentes penales, seguro comercial y controles técnicos cada seis meses.


Además, la nota propone que las plataformas digitales se inscriban en el municipio y cuenten con domicilio legal en la ciudad, estableciendo condiciones mínimas de seguridad para los usuarios. De aprobarse, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para reglamentar la ordenanza.


Por fuera del eje de las apps, la comisión también abordará un expediente con doble despacho del bloque UCR–Nuevos Aires que pone el foco en la situación de los traslados vinculados a personas con discapacidad en el ámbito de IOMA. La iniciativa expresa preocupación por el estado del sistema y solicita informes al Gobierno bonaerense sobre los prestadores de transporte.


Así, sin definiciones sobre el pliego de transporte, Movilidad Urbana volverá a sesionar con debates fragmentados pero atravesados por un dato clave: la regulación de las apps, postergada durante años, vuelve al centro de la escena.