Catamarca Actual 25-08-2026 El Gobierno de Javier Milei presentó la desregulación del mercado eléctrico como una herramienta para avanzar hacia un sistema con precios determinados por el mercado y reducir la intervención estatal. Sin embargo, según un informe de la Fundación Encuentro, el resultado fue un incremento en el costo de generación que terminó impactando tanto en las facturas de los usuarios como en las cuentas públicas.

De acuerdo con datos de CAMMESA citados en el informe, el costo de generación eléctrica pasó de aproximadamente US$68 por MWh durante el primer semestre de 2025 a unos US$90 por MWh en el mismo período de 2026.

El aumento se produjo pese al proceso de actualización tarifaria implementado desde el comienzo de la actual gestión. De hecho, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, la canasta de servicios que contempla electricidad, gas, agua y transporte acumuló un incremento del 966 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Pero las subas en las boletas tampoco fueron suficientes para eliminar los subsidios. Según el análisis, los usuarios continúan cubriendo aproximadamente entre el 50 por ciento y el 65 por ciento del costo total del sistema, mientras que el resto debe ser afrontado por el Estado.

Así, el costo de la energía termina teniendo un doble impacto: una parte se paga directamente a través de las facturas y otra mediante los impuestos destinados a financiar los subsidios.

Las medidas que elevaron el costo de generación

El informe de Fundación Encuentro identifica cuatro decisiones regulatorias adoptadas durante el último año que habrían contribuido al incremento del costo reconocido por el sistema eléctrico.

Una de ellas fue el cambio en la remuneración de las centrales térmicas establecido mediante la Resolución 400/2025. La normativa modificó la forma en que se reconocen los costos del combustible y permitió que los generadores que gestionan su propio abastecimiento declaren periódicamente su Costo Variable de Producción, con un margen de hasta 25 por ciento por encima del precio de referencia.

Para los especialistas, esta modificación terminó elevando los costos declarados por las centrales térmicas.

Otro de los puntos señalados fue la concesión por 30 años de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila.

El Estado obtuvo US$707 millones por los contratos firmados en diciembre de 2025, pero el nuevo esquema de remuneración establece que durante los primeros dos años el 95 por ciento de la energía generada se comercialice a un precio regulado de entre US$15 y US$20 por MWh.

Según el informe, esos valores son superiores a los que tenía esa energía cuando las represas permanecían bajo administración estatal.

Yacyretá también aumentó su remuneración

Otro de los factores mencionados es el caso de Yacyretá.

Hasta junio de 2025, la remuneración de la represa estaba compuesta por dos conceptos expresados en pesos y actualizados mediante distintas resoluciones. Luego, la Resolución 288/2025 estableció un valor único de US$28 por MWh.

Según el análisis citado, la remuneración pasó de aproximadamente US$17 a US$28 por MWh, lo que incrementó el costo reconocido por una de las fuentes de generación más económicas del sistema eléctrico argentino.

El cambio estuvo vinculado, de acuerdo con el informe, al compromiso asumido por Javier Milei durante su visita a Paraguay en abril de 2025 y posteriormente formalizado mediante el Decreto 303/2025.

Vaca Muerta y una oportunidad que no logró reducir los costos

El cuarto elemento señalado está relacionado con el gas de Vaca Muerta y el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

La ampliación de la infraestructura tenía entre sus objetivos llevar gas de Vaca Muerta a las centrales térmicas y reducir el uso de combustibles líquidos importados, que resultan más costosos.

Sin embargo, el gas fue priorizado para abastecer la demanda residencial, lo que dejó a las centrales más expuestas a fuentes de abastecimiento de mayor costo durante los períodos de mayor consumo.

A esto se sumó la decisión del Gobierno de dejar sin efecto, en julio de 2024, la licitación TerConf, que contemplaba incorporar 3.340 MW de nueva potencia térmica, con una inversión estimada en unos US$4.000 millones.

La iniciativa buscaba incorporar generación más eficiente al sistema. El Gobierno anunció posteriormente una nueva licitación, aunque su concreción se producirá dos años después y, según estimaciones del mercado, con costos superiores.

Más tarifas y también más subsidios

El incremento de los costos de generación también tuvo consecuencias sobre las cuentas públicas.

Según los datos citados en el informe, los subsidios energéticos aumentaron 69 por ciento nominal y 30 por ciento en términos reales interanuales hasta julio de 2026.

En el mismo período, las transferencias destinadas a CAMMESA crecieron 114 por ciento nominal y 62 por ciento en términos reales.

Durante el primer semestre del año, el Estado transfirió aproximadamente US$2.147 millones en subsidios energéticos, un 80 por ciento más que durante el mismo período de 2025.

Si esta dinámica se mantiene, Fundación Encuentro estima que los subsidios energéticos podrían superar los US$3.500 millones durante todo 2026.

El impacto sobre hogares, comercios e industrias

El escenario plantea una contradicción con uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la política de desregulación.

Mientras las tarifas aumentaron considerablemente para los usuarios, el sistema continúa requiriendo asistencia estatal porque el costo de generación también se incrementó.

El informe advierte que, si todo el aumento del costo energético se trasladara directamente a las facturas, los hogares podrían enfrentar incrementos adicionales de entre 30 por ciento y 100 por ciento, dependiendo del nivel de consumo y del tipo de usuario.

La situación también repercute sobre las industrias y comercios, que deben afrontar mayores costos energéticos en un contexto de caída del consumo y dificultades para sostener los niveles de actividad.

De esta manera, el debate sobre la política energética no se limita al monto que aparece en cada boleta. También involucra cuánto termina pagando el Estado, qué costos reconoce el sistema eléctrico y qué decisiones regulatorias determinan el precio final de la energía.

La promesa oficial apuntaba a un mercado más eficiente y con menor necesidad de subsidios. Sin embargo, los datos analizados muestran que los usuarios pagan más y el Estado continúa destinando miles de millones de dólares para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico.