La Voz del Interior 02-07-2026 Una tensa situación institucional se vive en la localidad de Inriville, en el sudeste de la provincia de Córdoba. El martes se registraron allanamientos simultáneos en la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos; el domicilio del gerente de la entidad, Horacio Giacone; y el estudio contable de Marcelo Montenovo, en la vecina localidad de Los Surgentes.

Las actuaciones se produjeron por orden del fiscal de Marcos Juárez, Fernando Epelde, en el marco de una denuncia penal presentada en abril pasado por la intendenta de Inriville, Julieta Aquino.

La presentación penal es por posibles hechos de defraudación, que se suman a otra causa por acoso laboral contra Gioacone, quien gerencia la Cooperativa desde 2007 y en estas casi dos décadas protagonizó sucesivos conflictos con los trabajadores y también con la Municipalidad de Inriville.

Uno de los ejes de la denuncia es la remuneración –y las gratificaciones– del propio gerente. Según el comunicado del municipio, se trata de ingresos promedio de $ 30 millones mensuales, que en 2025 habrían demandado cerca de $ 400 millones a las arcas cooperativas. Las utilidades de la entidad, de acuerdo a lo manifestado por la intendenta, fueron sustancialmente inferiores a esa cifra. El comunicado oficial, además, recalca que los ingresos de Giacone llegan a cuaduplicar los de gerentes de otras cooperativas de la zona.

La tensión en torno de la Cooperativa se registra hace varios años, en los que se sucedieron numerosos conflictos gremiales y judiciales. El enfrentamiento con el municipio también registra antecedentes en la gestión vecinalista de Marcos Rodrigué y ahora recrudeció tras la denuncia penal de Aquino (Hacemos Unidos por Córdoba).

También crecen los reclamos entre los vecinos de Inriville y la conflictividad en torno de los servicios. Uno de los hechos que evidencia esas dificultades es que hay servicios que terminan siendo brindados por la Cooperativa de Monte Buey. Eso ocurrió, por ejemplo, con la obra de tendido domiciliario de agua potable –servicio que está concesionado a la Cooperativa de Inriville– en el loteo social Nuevo Santa Elena, que en los últimos años expandió la trama urbana del pueblo.

Hay reclamos por el costo de los servicios, y conflictividad permanente a la hora de registrar los cambios de titularidad de las cuentas. La interpretación más habitual en Inriville es que se restringe el ingreso de nuevos socios porque la comisión directiva mantiene un férreo control sobre el padrón, a los efectos de condicionar la participación para evitar la alternancia al momento de la elección de la comisión directiva. En el pasado, también existieron denuncias reiteradas sobre un alto porcentaje de socios fallecidos en el padrón.

Como en buena parte de las localidades del interior cordobés, en Inriville la Cooperativa no solo presta el servicio de electricidad. También provee el cable, el agua potable, el servicio del banco de sangre y el servicio de sepelios. En los últimos años se sucedieron las presentaciones ante el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) y la Dirección de Cooperativas y Mutuales, que en la actual gestión se transformó en Ministerio. Ninguna de las prácticas denunciadas cambió tras las denuncias.

Tras los allanamientos, la Cooperativa emitió un comunicado en el que sostuvo que puso a disposición de la Justicia toda la información requerida. También pidió disculpas por "las molestias que esta situación pudiera haber ocasionado".