La Tecla 02-07-2026 Diputados bonaerenses del PRO y La Libertad Avanza presentaron en conjunto un proyecto de ley para eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) que grava las facturas de gas natural por redes, electricidad y agua potable en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por la diputada amarilla Rita Salaberry y acompañada por ambas bancadas, busca eximir de este tributo a usuarios residenciales, Pymes y un amplio abanico de instituciones (educativas, sanitarias y comunitarias) en los tres servicios esenciales.

Según los fundamentos, el impuesto tiene un “carácter marcadamente regresivo”, ya que castiga con mayor peso relativo a los hogares de menores ingresos, destacando que la medida no colisiona con la política tributaria del oficialismo.

En tal sentido, recordaron que en 2018 la Legislatura porteña eximió del IIBB a Metrogas y Aguas Argentinas, con la condición de que el beneficio se trasladara íntegramente a las tarifas. Y calculan que los impuestos (IVA, IIBB y Fondos Fiduciarios) representan alrededor del 35 por ciento del valor de la factura.

El PRO y LLA empujan proyecto para sacar impuestos en facturas de agua, luz y gas
Rita Salaberry (PRO), autora del proyecto, junto a la santillista Julieta Quintero Chasman.


En tal sentido, la iniciativa señala que la medida beneficiaría a 4 millones de hogares con gas natural por red; 5 millones de hogares con electricidad; 4 millones de hogares con agua potable y decenas de miles de Pymes e instituciones sociales, educativas y sanitarias


Detalles del articulado

* Gas: usuarios residenciales y entidades sin fines de lucro (clubes de barrio, mutuales, cooperativas, sociedades de fomento, etc.).

*Electricidad: demanda residencial (incluidos Niveles 2 y 3 y Tarifa Social) y no residencial hasta 10 kW. Incluye un componente tarifario específico para la renovación de medidores inteligentes.

* Agua: usuarios residenciales, Pymes comerciales e instituciones.

Todas las exenciones incluyen cláusula de traslado obligatorio a los usuarios, obligación de informe anual a la Legislatura y un duro régimen sancionatorio, con multas de entre el 100 por ciento y 300 por ciento del impuesto no trasladado.